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Multa de 6.000 € ao Partido Popular de Ares

Proteccion de datosO Director da Axencia Española de Protección de datos resolveu imporlle ao Partido Popular, por unha infracción do artigo 6.1 da LOPD, tipificada como grave no artigo 44.3.d) de dita norma, unha multa de 6.000 € (seis mil euros) de conformidade có establecido no artigo 45.2 e 5 da citada Lei Orgánica.

Texto completo da resolución:

Procedimiento Nº.: PS/00033/2009

RESOLUCIÓN: R/01443/2009

En el procedimiento sancionador PS/00033/2009, instruido por la Agencia Española de Protección de Datos a la entidad PARTIDO POPULAR, en virtud de denuncia presentada ante la misma por D. D.D.D., y en base a los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha 21 de mayo de 2007 tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido por D. D.D.D. (en adelante el denunciante) contra el PARTIDO POPULAR, de GALICIA, donde se exponían los siguientes hechos:

D. D.D.D. recibió en su domicilio propaganda del PARTIDO POPULAR, de (……..), remitida por correo con fecha 19 de abril de 2007.

El Sr. D.D.D. consideraba que sus datos personales habían sido utilizados sin su consentimiento, ya que la copia del censo electoral, que se proporcionó a los partidos políticos que concurrían a las elecciones locales, se hizo entrega el día primero de mayo de 2007. Asimismo, consideraba que en la citada publicidad no se hace referencia al origen de sus datos, por lo que no era posible ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación.

Para acreditar lo afirmado en su denuncia, D. D.D.D. adjuntaba copia de dicho envío postal.

SEGUNDO: Tras la recepción de la denuncia, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización de las actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1º.- En la citada documentación remitida por D. D.D.D. se puede verificar que:

???? El sobre que contiene la comunicación con propaganda política de índole municipal consta el logotipo del PARTIDO POPULAR de (……..), con el eslogan “CONFIANZA” y fecha de franqueo 19 de abril de 2007 (“CORREOS España, FENE, *******, Franqueo Pagado en Oficina”).

???? En el mencionado sobre figura la dirección postal “D.D.D.; (C/……………………….)”, que corresponde con el domicilio completo del denunciante, incluyendo piso y puerta.

???? El contenido de la citada comunicación es un escrito del Alcalde de (……..), dirigiéndose a los vecinos de la localidad informando de la labor realizada por el Ayuntamiento y de los proyectos futuros.

???? En la comunicación citada no figura ninguna referencia al origen de los datos ni al responsable del fichero ni indicación alguna sobre la posibilidad de ejercitar los derechos previstos en la LOPD.

2º.- Los datos de D. D.D.D. que figuran en los repertorios telefónicos, entre ellos, “Páginas Blancas”, accesible por internet, corresponden al domicilio “(……..)”, sin que en ellos consten el piso y la puerta, de acuerdo con diligencia de la Inspección de Datos de esta Agencia de fecha 27 de noviembre de 2007.

3º.- El PARTIDO POPULAR manifestó, a requerimiento de esta Agencia, que los datos de D. D.D.D. fueron obtenidos de la guía telefónica de la localidad de (……..) y aportaba, como acreditación de tal manifestación, copia de la citada guía donde consta registrado D. D.D.D. en el domicilio “(……..)”, sin especificar piso y puerta.

Asimismo, manifestó que para el envío se procedió a la impresión de etiquetas utilizando un procesador de textos, sin incluir los datos en ningún fichero.

TERCERO: En fecha 27 de enero de 2009 el Director de la Agencia Española de Protección de Datos acordó iniciar procedimiento sancionador a PARTIDO POPULAR por la posible infracción del artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), tipificada como grave en el también artículo 44.3.d) de la citada Ley Orgánica.

CUARTO: En fecha 18 de febrero de 2009 tuvo entrada en esta Agencia un escrito en donde la representación del PARTIDO POPULAR formuló las oportunas alegaciones al citado acuerdo de inicio, solicitando el archivo de las actuaciones o, subsidiariamente, la caducidad de las actuaciones previas de investigación; en síntesis:

Se afirmaba en dicho escrito que: “Para la impresión de los datos que figuraban en el sobre remitido al denunciante, así como a algunas personas, se utilizó la aplicación de sobres y etiquetas de Microsoft Word, y en ningún momento los datos personales del denunciante, o de algunas otras personas destinatarias de información, se grabaron – ni siquiera por un minuto – o se incorporaron a un fichero del que sea responsable la entidad Partido Popular”.

Asimismo, solicitaba se admitiera como prueba testifical la declaración de Dª. S.S.S., “Cargo 1” del PP de (……..), puesto que “el denunciante se fue a vivir precisamente al domicilio” de aquélla, lo que mostraría la marcadas relaciones de vecindad existentes en el presente caso.

QUINTO: Con fecha 23 de febrero de 2009 tuvo entrada en esta Agencia un escrito de D. D.D.D. por el que solicitaba la personación en el procedimiento, así como la tutela de sus derechos de acceso, rectificación y cancelación y “conocer la base de datos de la cual fueron obtenidos mis datos personales”.

SEXTO: En fecha 11 de marzo de 2009 se inició un período de práctica de pruebas, practicándose las siguientes:

Incorporar al expediente, y por tanto dar por reproducida a efectos probatorios, la documentación recabada en las actuaciones previas de inspección (E/00934/2007), consistente en el escrito de denuncia con su documentación adjunta, informes del PARTIDO POPULAR y de la Inspección de 27 de noviembre de 2007, con su documentación adjunta; así como las alegaciones del propio PARTIDO POPULAR de fecha 17 de febrero de 2009 al Acuerdo de inicio citado más arriba.

SEPTIMO: Con fecha 14 de abril de 2009 se formuló propuesta de resolución en el sentido de que por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos se impusiera a la entidad PARTIDO POPULAR una multa de 60.101,21 (sesenta mil ciento un euros con veintiún céntimos) por la infracción del artículo 6.1 de la LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3.d) de dicha norma y de conformidad con lo establecido en el artículo 45. 2 y 4 de esa misma Ley Orgánica, en esa cuantía mínima.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.1 del Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto, Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, en dicha propuesta de resolución se concedió un plazo de quince hábiles para que las partes interesadas en el procedimiento pudieran alegar cuanto considerasen para su defensa y presentasen los documentos e informaciones que estimasen pertinentes, así como se detallaba, en un anexo adjunto a esa propuesta de resolución, la relación de documentos obrantes en el procedimiento, a fin de que las partes interesadas en el procedimiento pudieran obtener copia de los que estimasen convenientes.

Dicha propuesta de resolución fue notificada en fecha 20 de abril de 2009 al PARTIDO POPULAR y al denunciante, personado como interesado.

OCTAVO: En fecha 28 de abril de 2009, de acuerdo con lo solicitado en escrito recibido en esta Agencia en fecha 27 de abril de 2009, se remitió al PARTIDO POPULAR copia de los documentos que forman parte de dicho expediente y que no obraban ya en su poder, en concreto, del expediente de actuaciones previas de investigación núm. E/00934/2007 (folios 1 a 22) y escrito de personación del denunciante (folios 43 y 44).

NOVENO: Concedido el citado plazo citado para formular alegaciones a la propuesta de resolución éstas se recibieron en esta Agencia en fecha 7 de mayo de 2009.

Se reiteraban básicamente los argumentos ya expuestos en anteriores alegaciones, insistiendo en que “no se ha producido tratamiento de datos vinculado a fichero alguno”.

Por otra parte, PARTIDO POPULAR solicitaba, además del archivo de las actuaciones por la ausencia de responsabilidad de la infracción imputada, y de forma subsidiaria, la aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la LOPD, como en casos simil(……..).

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: Que D. D.D.D. recibió un sobre con propaganda política de índole municipal, donde consta el logotipo del PARTIDO POPULAR de (……..), con el eslogan “CONFIANZA” y fecha de franqueo 19 de abril de 2007 (“CORREOS España, FENE, *******, Franqueo Pagado en Oficina”). En el mencionado sobre figura la dirección postal “D.D.D.; (C/……………………….)”, que corresponde con el domicilio completo del denunciante, incluyendo piso y puerta (folio 3).

SEGUNDO: Que el contenido de la citada comunicación es un escrito del Alcalde de (……..), dirigiéndose a los vecinos de la localidad informando de la labor realizada por el Ayuntamiento y de los proyectos futuros (folios 4 y 5). En la comunicación citada no figura ninguna referencia al origen de los datos ni al responsable del fichero ni indicación alguna sobre la posibilidad de ejercitar los derechos previstos en la LOPD.

TERCERO: Que D. D.D.D. no otorgó consentimiento alguno para que el PARTIDO POPULAR tratara sus datos personales (folio 1).

CUARTO: Que el PARTIDO POPULAR no ha podido acreditar en el expediente que contara con el consentimiento de D. D.D.D. para el tratamiento de sus datos personales (folios 12 a 18 y 32 a 41).

QUINTO: Que los datos de D. D.D.D. que figuraban en los repertorios telefónicos, entre ellos, “Páginas Blancas”, accesible por internet, corresponden al domicilio “(……..)”, sin que en ellos constasen el piso y la puerta, de acuerdo con diligencia de la Inspección de Datos de esta Agencia de fecha 27 de noviembre de 2007 (folios 21 y 22).

SEXTO: Que el artículo 2, “Duración de la campaña electoral”, del Real Decreto 444/2007, de 2 de abril, por el que se convocan elecciones locales y a las Asambleas de Ceuta y Melilla, para el 27 de mayo de 2007, establecía que: “La campaña electoral tendrá una duración de quince días, comenzando a las cero horas del viernes 11 de mayo de 2007 y finalizando a las veinticuatro horas del viernes 25 de mayo de 2007” (BOE núm. 80, de 3 de abril de 2007).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver este procedimiento el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37. g) en relación con el artículo 36 de la LOPD.

II

En relación con los hechos que se imputan en el presente procedimiento, se hace necesario en primer lugar transcribir los conceptos de datos de carácter personal, fichero, tratamiento de datos, responsable del fichero o tratamiento y consentimiento que se acuñan en los apartados a), b), c), d) y h) del artículo 3 de la LOPD. De este modo, tenemos que:

“a) Datos de carácter personal: Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables.

b) Fichero: Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.

c) Tratamiento de datos: Operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.

d) Responsable del fichero o tratamiento: Persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.

(…)

h) Consentimiento del interesado: Toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen.”

Por otra parte, ell artículo 1.1 de la LOPD establece que:

“La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar”.

Y el artículo 2.1 de la LOPD añade:

“La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”.

III

El artículo 6.1 de la LOPD dispone lo siguiente: “El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”.

Por su parte, el apartado 2 del mencionado artículo contiene una serie de excepciones a la regla general contenida en aquel apartado 1, estableciendo que: “No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.”

El tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados constituye un límite al derecho fundamental a la protección de datos. Este derecho, en palabras del Tribunal Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre (F.J. 7 primer párrafo) “…consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado o un particular (…).

Son, pues, elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos personales los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y uso de sus datos personales y a saber de los mismos.

Por otra parte, corresponde siempre al responsable del tratamiento comprobar que tiene el consentimiento del afectado cuando realiza algún tratamiento con los datos personales de éste, así, en este sentido la Audiencia Nacional, en sentencia de fecha 31 de mayo de 2006 señalaba: “Por otra parte es el responsable del tratamiento (por todas, sentencia de esta Sala de 25 de octubre de 2002 Rec. 185/2001) a quien corresponde asegurarse de que aquel a quien se solicita el consentimiento, efectivamente lo da, y que esa persona que está dando el consentimiento es efectivamente el titular de esos datos personales, debiendo conservar la prueba del cumplimiento de la obligación a disposición de la Administración, encargada de velar por el cumplimiento de la ley”.

PARTIDO POPULAR no ha aportado, en consecuencia, prueba documental que acredite el consentimiento del denunciante para que dicha entidad pudiera llevar a cabo el tratamiento de datos personales realizado. Un tratamiento que ha quedado acreditado en el expediente, puesto que Que D. D.D.D. recibió un sobre con propaganda política de índole municipal, donde consta el logotipo del PARTIDO POPULAR de (……..), con el eslogan “CONFIANZA” y fecha de franqueo 19 de abril de 2007 (“CORREOS España, FENE, *******, Franqueo Pagado en Oficina”). En el mencionado sobre figura la dirección postal “D.D.D.; (C/……………………….)”, que corresponde con el domicilio completo del denunciante, incluyendo piso y puerta (folio 3)

Cabe decir por tanto que, ante la falta de acreditación por parte del PARTIDO POPULAR del consentimiento del denunciante para el tratamiento de datos personales realizado, y, ante la ausencia de cobertura legal que amparase dicho tratamiento sin consentimiento, se estima vulnerado por la entidad imputada el artículo 6.1 de la LOPD.

Abundando en este sentido, procede citar la sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 21 de diciembre de 2001 en la que se declaraba que “de acuerdo con el principio que rige en materia probatoria (art. 1214 del Código Civil) la Agencia de Protección de Datos probó el hecho constitutivo que era el tratamiento automatizado de los datos personales de D. (…) (nombre, apellidos y domicilio), y a la recurrente incumbía el hecho impeditivo o extintivo, cual era el consentimiento del mismo.

Es decir, (…) debía acreditar el consentimiento del afectado para el tratamiento automatizado de datos personales, o justificar que el supuesto examinado concurre alguna de las excepciones al principio general del consentimiento consagrado en el art. 6.1 de la Ley Orgánica 5/1992. Y nada de esto ha sucedido”.

Por tanto corresponde PARTIDO POPULAR acreditar que contaba con ese consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos personales llevado a cabo, máxime cuando el consentimiento no fue otorgado según las propias manifestaciones de D. D.D.D., y el PARTIDO POPULAR. no ha podido acreditar que dispusiera de ese consentimiento.

“Respecto al consentimiento – dice la reciente sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de marzo de 2009 – , es de interés reseñar que el apartado 1 del Art. 6 LOPD exige el consentimiento inequívoco del afectado para el tratamiento de sus datos de carácter personal. El adjetivo “inequívoco” que califica al consentimiento, significa según el Diccionario de la Real Academia Española “que no admite duda o equivocación” y, por contraposición, a equívoco, lo que no puede entenderse o interpretarse en varios sentidos, o que no puede dar ocasión a juicios diversos.

La exigencia de que sea inequívoco está relacionada con la forma de prestar el consentimiento, pues el citado precepto no establece ni requiere que tenga que prestarse de forma determinada, ni de forma expresa o por escrito. Esta Sala viene considerando que no es necesario que dicho consentimiento se preste de forma expresa, con base a que no tendría sentido la exigencia de consentimiento expreso para el tratamiento de los datos especialmente protegidos a que se refiere el Art. 7 LOPD.

Ahora bien, el consentimiento, como ha dicho esta Sala de forma reiterada, entre otras en la sentencia de 20 de septiembre 2006, tiene que ser inequívoco por parte del titular de los datos pues es él y no un tercero quien tiene el poder de disposición y control sobre sus datos personales, aun cuando no se requiere que se produzca de forma expresa o por escrito pero sí debe reunir los requisitos previstos en el artículo 3h) y 6.1 de la LOPD”.

En consecuencia, por todo lo que antecede, se considera infringido el artículo 6.1 de la LOPD por parte del PARTIDO POPULAR y que es responsable de dicha infracción al artículo citado, por lo que se desestiman sus alegaciones al respecto.

IV

Es preciso analizar con más detalle la afirmación realizada por el sindicato en el sentido de que el dato personal relativo al domicilio proviene de fuentes de acceso público (“registros de datos públicos, sin restricción alguna y al alcance de cualquier ciudadano, como fue en este caso la guía telefónica… accesibles desde Internet”) (folios 14 y 22) o por estar encuadrado dicho dato en “unas marcadas relaciones de vecindad”.

El artículo 3 de la LOPD ya citado, define en su apartado j) las fuentes accesibles al público como:

“Aquellos ficheros cuya consulta puede ser realizada por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa, o sin más exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación. Tienen la consideración de fuentes de acceso público, exclusivamente, el censo promocional, los repertorios telefónicos en los términos previstos por su normativa específica y las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección e indicación de su pertenencia al grupo. Asimismo, tienen el carácter de fuentes de acceso público, los Diarios y Boletines oficiales y los medios de comunicación”.

El artículo 28.3 de la citada Ley Orgánica indica, por su parte, que:

“Las fuentes de acceso público que se editen en forma de libro o algún otro soporte físico, perderán el carácter de fuente accesible con la nueva edición que se publique.

En el caso de que se obtenga telemáticamente una copia de la lista en formato electrónico, ésta perderá el carácter de fuente de acceso público en el plazo de un año, contado desde el momento de su obtención.”

Además, el apartado 4 de ese mismo artículo dispone que:

“4. Los datos que figuren en las guías de servicios de telecomunicaciones disponibles al público se regirán por su normativa específica.”

Así, la Orden CTE/11/2002, de 26 de marzo, por la que se establecen las condiciones de prestación del servicio de consulta telefónica sobre números de abonado, especifica en el apartado decimoquinto los datos que han de ser suministrados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y señala que “La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, previa petición, facilitará a las entidades que estén habilitadas parta prestar el servicio de consulta telefónica sobre números de abonado la información actualizada que puedan utilizar en sus bases de datos, a la que se refiere el apartado tercero (…)”. El apartado tercero de la citada Orden señala, en su punto 1, que “los datos personales que podrán obtenerse a través de las guías telefónicas y de los servicios de consulta sobre números de abonado se limitarán a los que sean estrictamente necesarios para identificar a un abonado concreto. A estos efectos, las entidades que deseen elaborar guías telefónicas y los proveedores de los servicios de consulta sobre números de abonado únicamente podrán utilizar, en sus bases de datos, la siguiente información relativa a cada abonado:

a) Nombre y apellidos, o razón social;

b) Número(s) de abonado(s);

c) Dirección postal del domicilio, exceptuando piso, letra y escalera;

d) Terminal específico que deseen declarar, en su caso”.

En este caso, según el transcrito art. 28.4 de la LOPD, los datos del denunciante sometidos a tratamiento, referidos al piso y puerta de la dirección en cuestión, no tienen la consideración de fuentes de acceso público desde el 5 de abril de 2002, fecha de entrada en vigor de la citada Orden CTE/11/2002. Por tanto, el tratamiento y la cesión de los datos en los citados términos requiere el consentimiento previo, conforme señala el artículo 6.1 y 11 de la LOPD. Y este consentimiento del denunciante no ha quedado acreditado.

Por lo tanto, la exclusión de piso y puerta de las guías telefónicas y de los servicios de consulta sobre números de abonados se estableció en la citada Orden CTE/11/2002 por lo que debe ser conocido, desde el 5 de abril de 2002, especialmente por las empresas dedicadas al envío de publicidad, en este caso propaganda política.

En el supuesto examinado, ha quedado acreditado que los datos del denunciante utilizados para el envío de dicha propaganda electoral no provenían de fuentes accesibles al público (folios 3, 14 y 22) y el partido no ha podido acreditar que dichos datos hubieran sido obtenidos con consentimiento del denunciante, sobre todo cuando éste niega haberlo facilitado. Es más, la formación política solicitaba que se admitiera como prueba testifical la declaración de Dª. S.S.S., como “Cargo 1” del PP de (……..), puesto que se alega “que el denunciante se fue a vivir precisamente al domicilio” de aquélla, lo que mostraría, como ya ha quedado expuesto más arriba, las marcadas relaciones de vecindad existentes en el presente caso. No obstante, no procede recabar dicho testimonio por innecesario, puesto que no afecta a la esencia de los hechos analizados: el tratamiento de datos personales sin consentimiento cuando no existe habilitación legal para ello, pese a esa relación de vecindad.

No se debe olvidar que, como manifestó el PARTIDO POPULAR a esta Agencia, “los datos personales utilizados para remitir información se fueron tomando, por lo general de repertorios telefónicos, y uno a uno se fueron introduciendo en el programa Word y uno a uno se fueron imprimiendo las direcciones, sin que los datos pasaran o quedaran en ninguna unidad o soporte de almacenamiento. En algunos casos, los voluntarios colaboradores de esta entidad, presentes en el procedimiento de impresión de la direcciones, ayudaron a completar los datos postales, a partir del conocimiento directo que tenían del lugar de residencia de los destinatarios de la información” (folios 32 y 33).

En consecuencia, el tratamiento de los datos personales también queda al margen de los supuestos permitidos en el artículo 6 de la LOPD, pues ni esos datos concretos fueron obtenidos de fuentes accesibles al público ni el tratamiento, por consiguiente, se efectuó con consentimiento del denunciante o destinatarios de la propaganda electoral.

V

Hay que tener en cuenta, por ello, en el presente supuesto que el artículo 2, “Duración de la campaña electoral”, del Real Decreto 444/2007, de 2 de abril, por el que se convocan elecciones locales y a las Asambleas de Ceuta y Melilla, para el 27 de mayo de 2007, establecía que: “La campaña electoral tendrá una duración de quince días, comenzando a las cero horas del viernes 11 de mayo de 2007 y finalizando a las veinticuatro horas del viernes 25 de mayo de 2007” (BOE núm. 80, de 3 de abril de 2007).

Y recordemos que D. D.D.D. recibió un sobre con propaganda política de índole municipal, donde consta el logotipo del PARTIDO POPULAR de (……..), con el eslogan “CONFIANZA” y fecha de franqueo 19 de abril de 2007 (“CORREOS España, FENE, *******, Franqueo Pagado en Oficina”). En el mencionado sobre figura la dirección postal “D.D.D.; (C/……………………….)”, que corresponde con el domicilio completo del denunciante, incluyendo piso y puerta (folio 3). Asimismo, que el contenido de la citada comunicación es un escrito del Alcalde de (……..), dirigiéndose a los vecinos de la localidad informando de la labor realizada por el Ayuntamiento y de los proyectos futuros (folios 4 y 5). En la comunicación citada no figura ninguna referencia al origen de los datos ni al responsable del fichero ni indicación alguna sobre la posibilidad de ejercitar los derechos previstos en la LOPD.

VI

El artículo 44.3.d) de la LOPD considera infracción grave:

“Tratar los datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación de los principios y garantías establecidos en la presente Ley o con incumplimiento de los preceptos de protección que impongan las disposiciones reglamentarias de desarrollo, cuando no constituya infracción muy grave.”

La Audiencia Nacional ha manifestado, en su sentencia de 22 de octubre de 2003, que “la descripción de conductas que establece el artículo 44.3.d) de la Ley Orgánica 15/1999 cumple las exigencias derivadas del principio de tipicidad, a juicio de esta Sala, toda vez que del expresado precepto se desprende con claridad cuál es la conducta prohibida. En efecto, el tipo aplicable considera infracción grave “tratar de forma automatizada los datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación de los principios y garantías establecidos en la Ley”, por tanto, se está describiendo una conducta –el tratamiento automatizado de datos personales o su uso posterior- que precisa, para configurar el tipo, que dicha conducta haya vulnerado los principios que establece la Ley Orgánica. Ahora bien, estos principios no son de aquellos que deben inferirse de dicha regulación legal, sino que aparecen claramente determinados y relacionados en el título II de la Ley, concretamente, por lo que ahora interesa, en el artículo 6 se recoge un principio que resulta elemental en la materia, que es la necesidad de consentimiento del afectado para que puedan tratarse automatizadamente datos de carácter personal. Por tanto, la conducta ilícita por la que se sanciona a la parte recurrente como responsable del tratamiento consiste en usar datos sin consentimiento de los titul(……..) de los mismos….”

En el presente caso, PARTIDO POPULAR ha tratado los datos personales de D. D.D.D. sin su consentimiento y ha conculcado el principio del consentimiento regulado en el artículo 6.1 de la LOPD que encuentra su tipificación en el artículo 44.3.d) de dicha norma.

VII

El artículo 45, apartados 2, 4 y 5, de la LOPD determina que:

“2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 60.101,21 € a 300.506,05 €

(…)

4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los derechos personales afectados, al volumen de los tratamientos efectuados, a los beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a la reincidencia, a los daños y perjuicios causados a las personas interesadas y a terceras personas, y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.

5. Si, en razón de las circunstancias concurrentes, se apreciara una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado o de la antijuridicidad del hecho, el órgano sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de que se trate”.

El PARTIDO POPULAR solicita en sus alegaciones la aplicación de este apartado 5, en consecuencia con el criterio adoptado por esta Agencia en casos similares.

En este sentido, la aplicación con carácter excepcional del citado artículo 45.5 exige la concurrencia de, al menos, uno de los siguientes requisitos: a) Disminución de la culpabilidad del imputado y/o b) Disminución de la antijuricidad del hecho.

La Sentencia de 21 de enero de 2004 de la Audiencia Nacional dijo que dicho precepto no es sino manifestación del llamado principio de proporcionalidad (artículo 131.1 de la LRJPAC), incluido en el más general del prohibición de exceso, reconocido por la jurisprudencia como principio general del Derecho. Ahora bien, la presente regla debe aplicarse con exquisita ponderación y sólo en los casos en los que la culpabilidad y la antijuridicidad resulten sustancialmente atenuadas, atendidas las circunstancias del caso concreto. Lo cual insistimos puede darse, por excepción, en casos muy extremos (de aquí la expresión <especialmente cualificada>) y concretos”.

Por lo tanto, respecto a los criterios de graduación de las sanciones recogidas en el artículo 45.4 y 5 de la LOPD y, en especial, en el presente supuesto en relación a la infracción del artículo 6.1 imputada al PARTIDO POPUALAR, se impone la sanción de 6.000,00 €, en atención a que el tratamiento de datos efectuado estuvo ligado en el tiempo al proceso electoral en sentido amplio y a un contenido que incluía una información estrictamente de naturaleza política íntimamente ligada a dicho periodo de campaña (y pre-campaña) electoral, puesto que se aprecia, tal como se acredita en el expediente, la existencia de una cualificada disminución tanto de la antijuridicidad (tratamiento de datos en plena vorágine electoral, en concreto utilización de datos personales conocidos por las relaciones de vecindad en el caso concreto) como de la culpabilidad (el partido político estaba convencido de actuar bajo el amparo de la legislación vigente por no almacenar esos datos personales, sólo su utlización); así como del volumen del envío de propaganda electoral objeto de la denuncia, tal como ha quedado acreditado en el expediente.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: IMPONER a la entidad PARTIDO POPULAR, por una infracción del artículo 6.1 de la LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3.d) de dicha norma, una multa de 6.000 (seis mil euros) de conformidad con lo establecido en el artículo 45.2 y 5 de la citada Ley Orgánica.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución a PARTIDO POPULAR y a D. D.D.D..

TERCERO: Advertir a los sancionados que las sanciones impuestas deberán hacerlas efectivas en el plazo de pago voluntario que señala el artículo 68 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación con el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, mediante su ingreso en la cuenta restringida nº 0000 0000 00 000000000 abierta a nombre de la Agencia Española de Protección de Datos en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. o en caso contrario, se procederá a su recaudación en período ejecutivo. Si se recibe la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, el plazo para efectuar el pago voluntario será hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior, y si recibe la notificación entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, el plazo del pago será hasta el 5 del segundo mes siguiente o inmediato hábil posterior.

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido notificada a los interesados. La publicación se realizará conforme a lo previsto en la Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre publicación de sus Resoluciones y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, o, directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid, 19 de junio de de 2009

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

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